"Será el Gobierno" y no las empresas el que definirá la tarifa del transporte

 El costo actual del boleto mínimo de colectivo es de 4,35 pesos y, según declaraciones públicas de referentes de la empresa Las Grutas, podría subir a 6,5 pesos, en caso que se aplique un incremento del 50 por ciento, reclamado por la prestadora del servicio. El Gobierno ya convocó a audiencia pública en el marco de la revisión tarifaria, pero la Intendenta, María Eugenia Martini, aclaró -consultada por ANB- que el porcentaje de aumento “será decisión del Ejecutivo”.
En ese sentido, planteó que el empresariado “puede pedir o sugerir, pero la decisión es del Ejecutivo, en función de la audiencia pública y el análisis de los costos, daremos a conocer nuestros números”, anticipó, poniendo en duda que el incremento del costo del boleto sea tan brusco como lo reclama Transporte Las Grutas.
La audiencia pública para poner a consideración de los vecinos el costo del boleto del transporte público se realizará el próximo viernes 26 en la sala de Prensa del Centro Cívico. Por su parte, el subsecretario de Tránsito y Transporte, Francisco Pego, ya anticipó que recién ese día harán público el aumento sugerido por el área que encabeza.
En la última audiencia pública, el Ejecutivo promovió un aumento del costo del boleto, que pasó de 3,45 al valor actual de 4,35 pesos, el equivalente a entre un 25 por ciento de incremento. En esa oportunidad, el ámbito de consulta popular no vinculante se convirtió en una catarsis de los usuarios por el "pésimo servicio" que prestan las empresas Tres de Mayo y Las Grutas. Pego justificó la suba por los incrementos de los costos laborales e insumos, y la demora en la revisión tarifaria, mientras que los siete oradores criticaron duramente la calidad del servicio y prometieron organizarse para evitar el "tarifazo".
Los siete oradores expresaron su malestar por incumplimientos en horarios, pocas frecuencias, suciedad, falta de bocas de expendio y recarga de tarjetas, entre otros puntos cuestionados. Sin embargo, durante su alocución al comienzo de la audiencia, Pego dejó en claro que "no se puede castigar a las empresas con la tarifa por sus incumplimientos o deficiencias en el servicio".
En esa oportunidad todos los oradores criticaron que el Ejecutivo hubiese escondido hasta último momento algunos números y datos sobre el servicio, cuyo conocimiento hubiese permitido elaborar una presentación más adecuada.
Lo cierto es que pese al compromiso del Ejecutivo, la nueva revisión tarifaria -al igual que el tratamiento de un nuevo pliego de licitación- se anticipó a la finalización del Estudio de Movilidad Urbana Sustentable. De ese trabajo -que tiene un costo de 350 mil dólares y es financiado por el BID- surgirán aportes claves para la nueva organización del servicio de transporte urbano de pasajeros. No obstante, el Gobierno se encontraba en una encrucijada normativa, que lo obliga a realizar una revisión tarifaria cada seis meses -la última fue en febrero-, por lo que no puedo sortear el análisis de costos y parámetros que conforman la tarifa de boleto del transporte público. En rigor, según establece la normativa durante el mes de agosto hubiese correspondido abrir el proceso de revisión tarifaria, pero el Gobierno postergó el llamado, para poder presentarlo en paralelo a la elevación de los pliegos de la futura licitación del servicio de transporte urbano de pasajeros
Ese pliego de licitación del servicio ya fue remitido al Concejo para su análisis, anticipándose a los plazos previstos, fijados en principio para 2015. Es que el Gobierno debió apurar los tiempos de lo que definió como la "solución definitiva" a la crisis del transporte público en Bariloche, a partir de la debacle de la ahora intervenida Tres de Mayo.
El pliego licitatorio contempla la exigencia a las empresas interesadas en presentar un 50 por ciento más de unidades, nuevos recorridos y frecuencias, el uso de la tarjeta SUBE -que modifica el sistema de subsidios nacionales-, y otras demandas como que los colectivos no tengan más de 10 años. (ANB)