Solo les queda la vía judicial a los vecinos que se oponen a un proyecto hotelero en Bariloche

 La secretaria de Planeamiento Territorial del municipio, Sofía Maggi, rindió cuentas hoy ante el Concejo Municipal sobre la situación del megaproyecto hotelero Cauma, que está envuelto en una áspera pólemica, y señaló que los permisos y las licencias de construir que ya fueron otorgadas no tienen reversión posible.

Los ambientalistas y vecinos de la zona oeste que cuestionan el emprendimiento y pidieron a los concejales la virtual interpelación denunciaron serias irregularidades en el trámite, incluida la omisión de convocatoria a las comisiones de las reservas naturales urbanas. Pero no consiguieron torcer la voluntad del Ejecutivo.

El concejal que presidió el encuentro, Juan Pablo Ferrari (JSRN), dijo que el Deliberante no tiene atribuciones para desactivar medidas administrativas del Ejecutivo, por ejemplo una aprobación de obra, y solo puede propiciar una reunión como la de hoy y reclamar explicaciones.

Entendió en consecuencia que el único camino que quedaría para frenar el proyecto Cauma es tramitar la nulidad de lo actuado por vía judicial.

Ana Wieman, referente de la Asociación Árbol de Pie, subrayó que la comisión mixta de la reserva urbana El Trébol (donde está asentado Cauma) “nunca emitió dictamen” sobre el tema y el municipio avanzó de igual manera, en sucesivas disposiciones del gobierno anterior, del exintendente Gustavo Gennuso. Se quejó de que la nueva gestión de Walter Cortés no mostró voluntad alguna de corregir lo actuado.

La concejal Julieta Wallace dijo además que hay una ordenanza restrictiva («in dubio pro natura, in dubio pro acqua») que se aprobó antes del libramiento de los permisos de obra y no fue respetada.

Maggi dijo que hoy la obra está provisoriamente paralizada porque le falta un “visado” del Cocaprhi (el organismo que regula los recursos hídricos). Señaló que la elusión de la norma que obligaba a consultar a la comisión de la reserva natural “no es motivo para revocar un acto administrativo que ya se dictó”.

Wallace discrepó y dijo que la derivación del tema a la Justicia “será un desgaste para los vecinos y también para los privados”.

Ofensiva por varias vías
Los vecinos opositores tramitaron y lograron semanas atrás un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y otro del Tribunal de Contralor, que “sugirió” la paralización de las obras en Cauma “hasta que se verifiquen los hechos denunciados”.

El concejal Leandro Costa Brutten advirtió que el conflicto no está cerrado de ningún modo y que más allá de las actuaciones del Contralor Municipal, el caso va a terminar a la Justicia ordinaria.

Wallace subrayó que se autorizaron más metros cuadrados de los que permiten los planes de manejo, se violaron los “principios precautorios” y que con el avance de la obra “se está haciendo un daño al ambiente irreversible”.

Maggi afirmó que las falencias señaladas corresponden al gobierno anterior, y que en el actual solo pueden “ejercer las tareas de fiscalización” pero -según dijo- no hay antecedentes de que se revoquen permisos de construcción, y hacerlo “expone al Estado a una situación de inseguridad jurídica”.

Wallace la desmintió. Dijo que no es imposible revertir las autorizaciones y citó un caso de hace varios años, en Bahía Serena, donde una obra que invadía la ribera lacustre fue desaprobada luego de una habilitación inicial. Y el STJ ratificó esa decisión.