"Toda la sociedad debería estar preocupada", dice especialista sobre modificación en la Ley de Glaciares

 El proyecto del gobierno nacional que propone modificar la Ley Nº 26.639, más conocida como Ley de Glaciares, obtuvo el dictamen hace unos días. Referentes jurídicos, científicos y organizaciones ambientales han coincidido en que la iniciativa supone un intento de desmantelamiento de los presupuestos mínimos de protección del agua en la Argentina. Sobre este tema se refirió Lucas Michealoud, especialista ambiental, en conversación con Radio Seis, quien aseguró que la noticia genera mucha preocupación, puntualmente entre los ambientalistas.

“Desde que el gobierno asumió tiene un objetivo muy claro que es desmantelar y derogar toda la institucionalidad ambiental, derogando y desjerarquizando organismos de control, sin políticas públicas activas en relación a la protección del ambiente y modificando leyes que son la columna vertebral de la legislación ambiental argentina. Una de ellas es la Ley de Glaciares, la otra es la Ley de Bosques”; explicó.

Desarrolló que se trata de dos leyes que el gobierno libertario intentó derogado cuando impulsó la Ley Ómnibus, también llamada Ley Bases. “En aquel momento no pudo hacerlo. El proyecto que ahora está siendo tratado en el Congreso Nacional busca permitir o habilitar actividades que hoy están prohibidas en ambientes glaciares y periglaciares, como por ejemplo la minería transnacional, actividades hidrocarburíferas o actividades que son altamente contaminantes. Nuestra preocupación no es solamente desde el sector ambiental, sino científicos, académicos, sociales. Toda la sociedad debería estar involucrada y preocupada porque son nuestras reservas de agua dulce, de las que se abastecen más de 1500 pueblos de la Argentina”, explicó.

Para Micheloud, lo que el gobierno busca es “satisfacer una demanda histórica de la minería transnacional, fundamentalmente la Barrick Gold”; y que hay cinco proyectos más que van en esta dirección. “En lugar de adaptar estos cinco proyectos a la Ley de Glaciares lo que buscan es promover un clima de época donde el gobierno nacional, bajo el pretexto del desarrollo y del crecimiento económico, aprovecha para desmantelar estas leyes que son vitales”, opinó.

Además, aseguró que el sector minero en el país está liberalizado desde el año 90 a partir de la Ley de Inversiones Mineras, la cual, según explicó, le sacó al sector 5 % de las retenciones que antes tenía. “Lo único que les queda para terminar de liberalizar este sector es permitir hacer minería en la zona de glaciar que representa menos del 1% de la superficie total del país. Estamos hablando del 0,8 %. Entonces, esto no es una discusión entre ambiente y desarrollo”; dijo, dando a entender que no tiene sentido creer que se pueden generar empleos en un área tan pequeña y a costa de comprometer el medio ambiente.

“Tienen el 99 % del territorio nacional para hacer minería, en estos momentos están avanzando proyectos mineros en Mendoza: han aprobado 18 exploraciones en el distrito malagueño en Mendoza, el Proyecto San Jorge. En Río Negro tienen más de 50 proyectos en curso. Hay que poner un límite. ¿Cuál va a ser el límite? Es como si estuviéramos permitiendo que se haga minería o exploraciones o fracking en las Cataratas del Iguazú. ¿Vamos a aceptar eso? Vamos a poner en riesgo las reservas de agua dulce por proyectos que duran 10, 15, 18 años y cuando se termine el último gramo de mineral o el último litro de combustible vamos a dejar todo un tendal con pasivos ambientales, contaminaciones y precarización del trabajo”, cuestionó.

Sobre el final, opinó que esta iniciativa es un requerimiento de los gobernadores provinciales al gobierno nacional, “y a los gobernadores se lo mandan los gerentes y los responsables directivos de cuatro o cinco mineras transnacionales”.

Llamó a “no bajar los brazos”, a pesar de la crisis de representatividad política que rige en la sociedad. Subrayó que los ciudadanos tienen el poder de exigir a representantes y parlamentarios y aseguró que el poder de la sociedad para movilizarse es “muy potente”. “No son discusiones triviales. Sin agua no hay posibilidad de nada, ni de vida, ni de producción, ni de empleo, ni de trabajo, de nada. Estas masas de hielo tienen una función regulatoria de los ciclos hídricos, del cambio climático, de la biodiversidad. Debería haber un consenso social total sobre esto”, sentenció. “Dicen que la megaminería quiere seguridad jurídica. ¿La sociedad no merece seguridad jurídica de poder tener agua para tomar?”, concluyó.