Vecinos rechazan loteos en el Anfiteatro del Río Limay

 L&B Inversiones Inmobiliarias SA, una firma con domicilio fiscal en Capital Federal, vuelve a intentar fraccionar tierras en el Anfiteatro del río Limay, una zona que en 1996 fue declarada Área Natural Protegida y Paisaje Protegido. El mismo proyecto, que en 2007 fue frenado por la movilización vecinal y la ausencia de un marco regulatorio, vuelve a tomar forma gracias a un decreto firmado por el ejecutivo provincial en agosto de 2024, que habilitó el fraccionamiento bajo la figura de unidades económicas agropecuarias.

La inmobiliaria solicitó con respuesta favorable a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático el visado necesario para avanzar con el loteo de 177 hectáreas.

Sujeto a la resolución del expediente en trámite, el Gobierno debe evaluar el plano del proyecto en la zona paisajística, mediante un estudio de impacto ambiental considerando a la parcela afectada bajo las categorías de conservación de “zona Intangible”, “zona Primitiva” y “Uso Privado Sostenible".

Sin embargo, algunos de los terrenos, de aproximadamente 1,6 hectáreas cada uno y todos con frente al río, ya se publicitan en plataformas inmobiliarias de alcance nacional e internacional con precios que rondan los 170 mil dólares, promovidos como ideales para viviendas de recreo y la creación de emprendimientos turísticos.

El avance del proyecto se hizo evidente cuando los pobladores identificaron que agrimensores comenzaron a realizar un relevamiento en la zona. Desde entonces, los vecinos organizados reactivaron su reclamo histórico. Monica, parte del grupo en defensa del Anfiteatro, fue directa al referirse a la situación: si la solicitud de informes no es respondida, no descartan recurrir a acciones legales.

"Al ser un paisaje protegido, por mínima que sea la construcción, implica alterar ese paisaje. No queremos de ninguna manera ese fraccionamiento. Esto va contra la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Si no nos contestan la solicitud de informes, llevaremos esto a acciones legales. Si no los paramos, eso se pierde definitivamente”, expresó.
Como recordó, hace casi 20 años pidieron al Estado la expropiación del área y que se le otorgara un nivel de protección superior.

"El mero fraccionamiento de la tierra ya genera un impacto en el lugar. El visado parece restrictivo, pero si el expediente se basa en un proyecto inmobiliario, implica construcciones que, como todos sabemos, no van a venir a controlar desde el Gobierno", comentó la vecina.

Otra de las particularidades de este Paisaje Protegido es que forma parte de la Reserva de la Biosfera Andino Norpatagónica, integrada al programa MAB de la UNESCO, un proyecto global con más de 450 sitios en el mundo orientado a reducir la pérdida de biodiversidad y promover un medio ambiente sostenible. Según los vecinos, varios de los lotes se ubican sobre un humedal, lo que profundiza las dudas sobre la compatibilidad del proyecto con la legislación ambiental vigente.

Ante la consulta de este medio sobre un presunto desarrollo inmobiliario en el sector del anfiteatro, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro aclaró que no se autorizó ningún barrio, loteo ni emprendimiento urbanístico en el Área Natural Protegida Paisaje Protegido Río Limay.

Aclararon que el único acto administrativo realizado fue el visado de un plano de mensura con fraccionamiento, un trámite de carácter técnico y catastral, que no habilita usos del suelo, construcciones ni obras, ni implica la aprobación de un loteo. Dicho visado se realizó en el marco de la normativa provincial vigente y queda expresamente condicionado al cumplimiento de las disposiciones ambientales establecidas en el Plan de Manejo del Área Natural Protegida.

La autorización del visado del plano de mensura presentado viene acompañada de una serie de condiciones que prácticamente impiden el desarrollo inmobiliario tradicional. La parcela se encuentra afectada a tres categorías de conservación distintas: Uso Privado Sostenible, Zona Intangible y Zona Primitiva, cada una con sus propias restricciones específicas.

En la Zona Intangible, que comprende roquedales y bosques de ciprés, solo se permiten actividades de investigación, monitoreo y control. Queda expresamente prohibido el acceso con fines económicos, extractivos, turísticos o recreativos, así como la introducción de especies no nativas, la caza, la extracción de áridos, la quema de leña y, fundamentalmente, los asentamientos humanos y cualquier construcción de infraestructura.

La Zona Primitiva o de Uso Restringido, que corresponde a los bosques y arroyos Chacay y La Fragua, mantiene prohibiciones similares. No se permite ninguna actividad económica o extractiva, ni la tala de especies nativas. Solo se autoriza el uso turístico o recreativo, pero sin posibilidad de construir infraestructura o establecer asentamientos humanos.

Únicamente en la zona de Uso Privado Sostenible se pueden desarrollar actividades productivas como ganadería, pesca, agricultura, ecoturismo y turismo rural, siempre que se realicen de modo sustentable para minimizar impactos ambientales. Sin embargo, incluso en esta categoría quedan vedados los asentamientos humanos y la extracción de áridos, salvo autorización expresa de las autoridades del área protegida.

La resolución establece además que cualquier intervención que implique modificaciones al paisaje o al uso del suelo deberá presentar previamente un Estudio de Impacto Ambiental para su evaluación. También se exige contemplar el establecimiento de corredores biológicos que garanticen la preservación de las especies asociadas al área.

En el marco del reclamo por la defensa del territorio protegido, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se sumó recientemente al rechazo, argumentando que el proceso favorece intereses inmobiliarios de unos pocos en detrimento de toda la comunidad, y que el goce de un medio ambiente sano es un derecho humano irrenunciable que debe ser preservado por el Estado Provincial.

En el ámbito legislativo, el bloque Vamos con Todos presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial, solicitando datos sobre la autorización del fraccionamiento parcelario en Villa Llanquín y pidiendo, en particular, los planos de mensura con referencia a la Parcela 19-4-175140.

El nuevo emprendimiento mantiene en vilo a la comunidad, mientras se realizan los estudios topográficos en el lugar La autorización definitiva para el proyecto por parte del gobierno provincial aún no se conoce, pero la incertidumbre de lo que suceda en el sitio paisajístico movilizó nuevamente, a aquellos vecinos que formaron parte de la Comunidad por el Limay hace 20 años. (ANB)