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Volvería a juicio la quiebra del "Cruz Azul" de Bariloche
La procuradora general, Liliana Piccinini, pidió la anulación del fallo que absolvió al médico y empresario Miguel González Robinson de toda responsabilidad en la presunta quiebra fraudulenta del sanatorio "Cruz Azul S.A.".
Piccinini pidió hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por el fiscal de Cámara Enrique Sánchez Gavier y el querellante Edgard García Sánchez, que cuestionaron en duros términos la sentencia de la Cámara Segunda del Crimen. El tribunal, integrado en la ocasión por los jueces Luis María Escardó, Horacio Carlos Osorio (civiles) y Juan Lagomarsino (trabajo), absolvió al médico en un polémico fallo dividido, emitido el 12 de diciembre pasado.
Osorio y Escardó entendieron que no se había acreditado el dolo de González Robinson, acusado de fraude por no haber ingresado a los libros de "Cruz Azul S.A." los 400.000 pesos obtenidos de la venta del fondo de comercio del sanatorio, ni saldado sus deudas con los acreedores. La sociedad fue declarada en quiebra ocho años después de eso.
En cambio, Lagomarsino coincidió con la Fiscalía en que estaba probada la defraudación y que el procesado debía recibir una pena de dos años de prisión en suspenso.
En un extenso dictamen, la procuradora hizo propios los fundamentos de la Fiscalía y la querella al señalar que la Cámara, en su opinión mayoritaria, "ha incurrido en una errónea aplicación de la ley sustantiva". Además evaluó que el fallo absolutorio "resulta nulo" por "carecer de fundamentación lógica y razonada y omitir la consideración de elementos esenciales".
La causa, que comenzó en 1993 con el pedido de quiebra de García Sánchez, tuvo un accidentado derrotero, plagado de contradicciones, que acumula un original sobreseimiento, la primera anulación del STJ y la absolución de González Robinson. En abril de 2007 el STJ anuló el sobreseimiento definitivo del médico-empresario y ordenó la sustanciación de juicio oral para dilucidar si existió administración fraudulenta en la quiebra del Sanatorio Cruz Azul.
González Robinson fue investigado por sus responsabilidades como administrador de ese centro de Salud en una causa polémica que llegó a las puertas del juicio oral pero quedó desestimada por decisión de la Cámara Segunda del Crimen.
El 27 de marzo de 2006, el tribunal integrado por los jueces César Lanfranchi, Miguel Lara y Edgardo Camperi abrió y cerró el juicio oral con una rápida sentencia en la que declaró nula la requisitoria de elevación y cuestionó al fiscal de instrucción. También puso a salvo el "buen nombre y honor" de Robinson dictando su sobreseimiento definitivo de la imputación por quiebra fraudulenta impropia y "cualquier otro delito que se pretenda".
Piccinini pidió hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por el fiscal de Cámara Enrique Sánchez Gavier y el querellante Edgard García Sánchez, que cuestionaron en duros términos la sentencia de la Cámara Segunda del Crimen. El tribunal, integrado en la ocasión por los jueces Luis María Escardó, Horacio Carlos Osorio (civiles) y Juan Lagomarsino (trabajo), absolvió al médico en un polémico fallo dividido, emitido el 12 de diciembre pasado.
Osorio y Escardó entendieron que no se había acreditado el dolo de González Robinson, acusado de fraude por no haber ingresado a los libros de "Cruz Azul S.A." los 400.000 pesos obtenidos de la venta del fondo de comercio del sanatorio, ni saldado sus deudas con los acreedores. La sociedad fue declarada en quiebra ocho años después de eso.
En cambio, Lagomarsino coincidió con la Fiscalía en que estaba probada la defraudación y que el procesado debía recibir una pena de dos años de prisión en suspenso.
En un extenso dictamen, la procuradora hizo propios los fundamentos de la Fiscalía y la querella al señalar que la Cámara, en su opinión mayoritaria, "ha incurrido en una errónea aplicación de la ley sustantiva". Además evaluó que el fallo absolutorio "resulta nulo" por "carecer de fundamentación lógica y razonada y omitir la consideración de elementos esenciales".
La causa, que comenzó en 1993 con el pedido de quiebra de García Sánchez, tuvo un accidentado derrotero, plagado de contradicciones, que acumula un original sobreseimiento, la primera anulación del STJ y la absolución de González Robinson. En abril de 2007 el STJ anuló el sobreseimiento definitivo del médico-empresario y ordenó la sustanciación de juicio oral para dilucidar si existió administración fraudulenta en la quiebra del Sanatorio Cruz Azul.
González Robinson fue investigado por sus responsabilidades como administrador de ese centro de Salud en una causa polémica que llegó a las puertas del juicio oral pero quedó desestimada por decisión de la Cámara Segunda del Crimen.
El 27 de marzo de 2006, el tribunal integrado por los jueces César Lanfranchi, Miguel Lara y Edgardo Camperi abrió y cerró el juicio oral con una rápida sentencia en la que declaró nula la requisitoria de elevación y cuestionó al fiscal de instrucción. También puso a salvo el "buen nombre y honor" de Robinson dictando su sobreseimiento definitivo de la imputación por quiebra fraudulenta impropia y "cualquier otro delito que se pretenda".
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