Invalidan la venta de 25-000 hectáreas fiscales

Invalidan la venta de 25-000 hectáreas fiscales

La Justicia rionegrina anuló la venta a un privado de casi 25.000 hectáreas de tierras fiscales ubicadas en la Meseta de Somuncura, al considerar su tramitación con "numerosas irregularidades e incumplimientos normativos".

Esta resolución es importante porque es el primer fallo judicial frente a varios pedidos de nulidad de venta de tierras otorgadas en la gestión de Miguel Saiz. En los últimos años, la Fiscalía de Estado pidió sus revisiones ante la Cámara Civil de Viedma por manifiestas irregularidades.

Por su parte, la Justicia penal tiene distintas causas, entre ellas, una próxima al juicio de exfuncionarios, incluyendo al exministro Juan Accatino, imputados por fraude a la administración pública.

También, la Legislatura se ocupó y votó la recuperación de tierras fiscales. Se trata de las cesiones que el Tribunal ahora anuló. En esa ocasión, la oposición cuestionó el proyecto en el recinto porque insistía que el único acto efectivo pertenecía a la Justicia. El hoy diputado nacional Luis Bardeggia fue denunciante de estas ventas.

En este caso, en el 2012, afirmó que el particular (Mauricio Montes) compró esas tierras de la Meseta a 9,18 pesos por hectárea y que había conformado una sociedad con Nicolás Van Ditmar, administrador de magnate inglés Joe Lewis.

En la resolución, el Tribunal -integrado por Ariel Gallinger, Luján Ignaci y Sandra Filipuzzi- dispuso la nulidad de los actos administrativos de Tierras, por los cuales se escrituraron tres predios a Montes, totalizando 24.648 hectáreas.

Inicialmente, Montes disponía de 5.902 has y luego compró las otras parcelas a Silvano Aguilar y Gildo Pilquimán, con 11.596 y 7.150 hectáreas. Allí, Gallinger destaca la primera irregularidad ya que la ley 279 (artículo 42) fija que no se adjudicará más de una unidad económica a una misma persona y recuerda que en el área de Valcheta corresponde a 15.000 hectáreas.

El camarista ratifica que "surgen numerosas irregularidades e incumplimientos normativos". Agrega otra irregularidad al autorizar las ventas a Montes cuando ya "era propietario de un fundo vecino".

Denuncia además incumplimiento del plazo porque el artículo 60 pide cinco años de ocupación para acceder al título, lo cual no ocurrió en "ninguna de las tres parcelas". Tampoco "se cumplió" con la intervención al Consejo de Medio Ambiente –según lo exige el artículo 78– ya que las parcelas están ubicas en el Área Protegida Meseta de Somuncura. Después, Gallinger reafirma que la compra de los "derechos" a Pilquimán y Aguilar "aparecen claramente irregulares".

Afirma que una inspección de Tierras en el 2003 señaló a Montes como propietario del total cuando la venta de derechos figura en el 2006, según "acta suscripta por el escribano Leandro Costa Brutten". Puntualmente, el camarista machacó en ese desfasaje, resaltando que los trámites en Tierras de los vendedores recién figuran en julio y noviembre del 2003. Asimismo, resalta que Pilquimán "nunca habló" con Montes y que fue a Bariloche sólo "a los 18 años por el servicio militar", mientras que "Aguilar niega que el gobierno le haya dado tierras" y que "a Bariloche sólo fue siete días para la colimba". Gallinger afirmó no tener "ninguna duda del fraude cometido administrativamente", planteando que se "simularon las peticiones" de tierras de Pilquimán y Aguilar "cuando claramente" se preveía su destino para Montes. Como Gallinger, Ignaci argumentó en igual sentido y coincidió con el voto por la nulidad absoluta. Filipuzzi se abstuvo ante la postura mayoritaria.

De todos modos, queda la instancia de la apelación ante el Superior Tribunal de Justicia. (AV)

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