Abogados ambientalistas analizan lo que sucede con los incendios en la Patagonia

Abogados ambientalistas analizan lo que sucede con los incendios en la Patagonia

 

Los megaincendios son un fenómeno multicausal, atravesado por la crisis climática, décadas de políticas de reemplazo del bosque nativo por especies exóticas de alto riesgo (como el pino radiata), expansión de áreas de interfase sin planificación, y un Estado cada vez más ausente en prevención, investigación y respuesta”. Así, a manera de síntesis, los integrantes de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (en el marco del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial) se refirieron a las llamas que azotan la Patagonia.

Más allá de esa primera consideración, los letrados hablaron de “un giro peligroso” que marca la actualidad argentina y expresaron: “El Gobierno nacional decidió correr el manejo del fuego del ámbito ambiental y colocarlo bajo una lógica de ‘seguridad interna’, mientras recorta fondos, precariza brigadistas y alimenta lecturas represivas y racistas —con el pueblo mapuche como blanco preferido—. En paralelo, circulan teorías conspirativas que funcionan como cortinas de humo: desvían la responsabilidad política y ocultan lo que sí existe y es verificable, como la presión inmobiliaria, la disputa por los territorios y el intento de flexibilizar normas que hoy impiden el negocio con la tierra quemada”.

Cabe indicar que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas tiene más de dos décadas de vida. Sus miembros definen a la entidad como “un espacio de activismo y militancia para la justicia ecológica y social”. La agrupación ha estado presente en diversas cuestiones que atraviesan la política y se vinculan con lo ambiental, como, por ejemplo, la sanción de la Ley de Glaciares, que ahora también es motivo de preocupación por la intención de modificarla por parte de la gestión de Javier Milei.

Puntualmente en lo que hace a la situación actual de la zona patagónica castigada por el fuego, en el informe que elaboraron, los letrados aseguran que “los incendios están vinculados a crisis climática”. En tal sentido, apuntan a “una sequía persistente y olas de calor que se vienen agravando con los años”.

“Se trata de una evidencia: en un contexto de calentamiento global, la Norpatagonia ya no es lo que era. Los nuevos patrones climáticos alteran la ‘normalidad’ histórica”, aseguran.

Asimismo, exponen que el fuego se vincula con “la deforestación y el reemplazo de los árboles nativos por especies exóticas, como el pino radiata”.

En ese sentido, indican: “El pino radiata es una especie que tiene en su genética el fuego como la mejor forma de dispersar sus semillas. Los conos reproductivos del mismo, al calentarse, explotan como si fueran granadas, expandiendo sus semillas por todos lados. El fuego establece una trágica dinámica de destrucción e invasión, provocando una alteración en la frecuencia de incendios de la región y generando un retroceso del bosque nativo. De esta forma, pierden territorio especies centenarias como coihues, lengas, notros y maitenes”.

“En la Comarca Andina, un gran porcentaje de la población habita en zonas de interfase, un área donde colindan viviendas y vegetación, ya sean bosques o pastizales. Muchas viviendas se han implantado en medio del bosque o sobre las tupidas laderas de los cerros, lo que agrava la situación y merece un debate sobre qué significa cuidar al bosque nativo en tiempos de colapso climático”, manifiestan.

En cuanto al perfil político de la temática, expresan: “Enfrentamos un gobierno de extrema derecha negacionista que, por definición, niega la existencia de una crisis ecológica y climática y, como consecuencia, suprime políticas ambientales y recorta cada vez más el presupuesto en nombre del ajuste fiscal. Mientras tanto, los incendios previsiblemente se multiplican y devoran bosques, destruyen ecosistemas y viviendas”.

“De acuerdo con la Ley de Presupuesto 2026, la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) contará con $20.131 millones, lo que implica una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 78,5% con respecto a 2025. Y la carencia de recursos se traduce automáticamente en menos políticas de prevención y menos herramientas para el combate. Los recortes presupuestarios y la negación de la profunda raíz ambiental de esta problemática tienen consecuencias concretas. Durante 2024, el Gobierno argentino ejecutó apenas el 22% del presupuesto estatal asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), pese a tratarse del año con la mayor cantidad de focos ígneos de —al menos— los últimos 8 años”, plantean.

Los abogados ambientalista también señalan: “En 2024, el Gobierno nacional traspasó el SNMF de una autoridad ambiental al Ministerio de Seguridad. Esta decisión no solamente debilita la mirada climática como eje de la gestión, sino que propone una forma reactiva de abordar los incendios desoyendo toda recomendación científica y técnica, y condenando a la región a llegar a la temporada de incendios sin preparación alguna para la mitigación de daños”.

Por otra parte, los letrados critican lo que denominan “tesis del enemigo interno”, que vinculan a lo que califican como “una virulenta campaña anti-indígena para demonizar al pueblo mapuche”, a la vez que señalan la existencia de una “visión conspiranoica, difundida en las redes sociales, que recupera la teoría antisemita del ‘Plan Andinia’, un supuesto proyecto judío para quedarse con la Patagonia, ahora a través de una estrategia de despoblamiento ejecutada vía incendios”.

“Tanto las lecturas que criminalizan a los mapuches, como aquellas lecturas que ven un supuesto plan judío para apoderarse de la Patagonia, son lamentablemente dos caras de la misma moneda, que evaden las responsabilidades políticas del gobierno actual (la ultraderecha negacionista y antiderechos), desdibujan el rol de la crisis climática (por momentos ésta desaparece incluso del discurso ambiental), y simplifican la situación, resumiéndolo en un solo problema: un chivo expiatorio que termina siendo el aparente responsable de todos los males”, aseguran los abogados ambientalistas.

En cuanto al marco normativa actual, los letrados informan que “existen y se encuentran plenamente vigentes tres leyes nacionales que protegen los bosques y los ecosistemas que fueron afectados por incendios o amenazados por la extranjerización”.

“La primera de ellas actúa de forma preventiva (Bosques Nativos), y las otras dos, de forma complementaria, con el objetivo de evitar la especulación con el cambio de uso de suelo (Manejo del Fuego) y la extranjerización por la venta indiscriminada de los territorios quemados (Tierras)”, explican.

Así, en cuanto a la Ley de Bosques Nativos (26.331), entre otras cosas, exponen: “Vigente desde 2007, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos y el procedimiento que debe llevarse adelante para realizar actividades productivas en torno a los mismos —incluidas, sobre todo, aquellas que impliquen deforestación, que, en la práctica, por su peso económico, son las más frecuentes—. Establece que las autorizaciones deben brindarse previa evaluación del impacto ambiental consecuente y, en su caso, mediando instancias de participación pública”.

De la Ley de Manejo del Fuego (26.815), destacan: “Vigente desde 2013, establece el marco para la prevención y el combate de los incendios forestales y rurales. Así como la Ley de Bosques, también es una ley de presupuestos mínimos que diseña el esquema jurídico-institucional federal estableciendo las responsabilidades del Estado Nacional —en una materia que requiere una planificación tanto centralizada como localizada, y asistencia técnica y científica nacional—; y que también fija obligaciones mínimas en cabeza de las provincias”.

Y en lo referido a la Ley de Tierras Rurales (26.737), manifiestan: “Dictada en 2011, establece un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros”.

En ese punto, aclaran: “Si bien se derogó mediante el DNU del Poder Ejecutivo Nacional N°70/2314, en enero de 2024 la Cámara Federal de La Plata confirmó una medida cautelar que mantiene vigente la Ley de Tierras, a raíz de un recurso de amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata”.

“Su derogación, que también entraría en los proyectos de reforma anunciados en diciembre de 2025, implicaría una cesión de soberanía de nuestro suelo y agua a corporaciones extranjeras”, consideran los ambientalistas, además de resaltar que esas firmas de otros países podrían trabajar con monocultivos forestales como el pino y el eucalipto, “especies que incrementan el riesgo de incendios y la dificultad de controlarlos”.

Más allá de esas apreciaciones, los abogados hablan de “un sistema de gestión de incendios de carácter reactivo que, lejos de invertir en prevención y mitigación, destina sus escasos recursos casi exclusivamente al combate, lo que, sumado al ajuste presupuestario, no puede sino derivar en pérdidas crecientes año tras año, tanto ambientales como humanas y económicas”.

“No puede admitirse el negacionismo climático como política de Estado. Los incendios que afectan a la Patagonia —así como también a Corrientes y a Córdoba, en períodos de sequía— constituyen una problemática profundamente ambiental y socioecológica. Abordarlos prioritariamente como un asunto de seguridad no solo resulta insuficiente, sino que expone a la población a enfrentar sus consecuencias en condiciones cada vez más precarias”, reflexionan los letrados.

En el mismo sentido, el informe señala: “No evitaremos los incendios culpabilizando a los a los turistas, hostigando a los pueblos originarios, ni tampoco alentando lecturas conspiranoicas de todo tipo. Lo que se necesita es una política de Estado integral, capaz de asumir dicha multicausalidad. Esto implica invertir en investigación científica rigurosa que permita desarrollar planes de manejo de la vegetación en áreas forestales y de interfase, regular y ordenar el manejo de especies exóticas de alto riesgo como el pino, mantener y reducir los factores de riesgo existentes —como el adecuado control y mantenimiento de las líneas eléctricas—, fortalecer campañas de educación ambiental dirigidas tanto a la población local como a quienes visitan la región, y aumentar de manera sostenida la inversión en los equipos técnicos y en los cuerpos de brigadistas”.

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